

Los operadores de exchanges de criptomonedas deben cumplir con exigentes obligaciones bajo la legislación de valores de EE. UU., ya que la SEC aplica un escrutinio riguroso para determinar si las plataformas facilitan transacciones de valores. Un punto central en las acciones de la SEC es verificar si los exchanges ofrecen valores no registrados, lo que activa estrictos requisitos de registro y divulgación. El enfoque del organismo sobre el cumplimiento de la normativa de valores se ha evidenciado en casos de alto perfil, como la acción contra Bittrex, acusada por no registrarse como exchange, intermediario y agencia de liquidación conforme a la regulación de valores.
La clasificación de activos cripto como valores es fundamental para entender las obligaciones de cumplimiento de los exchanges. Bajo el marco de la Prueba Howey, la SEC evalúa si las ofertas de tokens constituyen contratos de inversión que requieren registro. No obstante, la orientación reciente de la SEC aporta importantes aclaraciones sobre actividades de staking en protocolos, confirmando que las funciones habituales de validación y delegación en blockchains de proof-of-stake no se consideran ofertas de valores, lo que proporciona mayor claridad regulatoria a exchanges y plataformas.
Más allá de la clasificación de valores, los exchanges deben establecer mecanismos sólidos de custodia y protección al cliente. La orientación de la SEC de diciembre de 2025 abordó cómo los intermediarios pueden mantener la posesión física de valores cripto, fijando estándares claros para la segregación y el control de los activos de clientes. Los exchanges también deben adoptar prácticas de divulgación exhaustivas, garantizando una comunicación transparente sobre la valoración de las tenencias de criptomonedas y los riesgos financieros asociados, para asegurar tanto el cumplimiento normativo como la confianza de los inversores en el ecosistema de trading.
La accesibilidad digital se ha convertido en un factor de exposición relevante para los exchanges de criptomonedas, reflejando tendencias normativas más amplias en el sector de tecnología financiera. El entorno de litigios por accesibilidad creció considerablemente en 2023, con 3 862 demandas contra propiedades digitales, aumentando a más de 5 000 en 2025. Esta evolución muestra una intensificación del cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades para servicios online.
Esta oleada de litigios presenta un patrón distintivo: la actividad concentrada de demandantes y la representación legal estratégica dominan los expedientes. Solo 31 demandantes recurrentes iniciaron cerca del 50 % de todas las demandas por accesibilidad, mientras que cinco despachos especializados representaron el 54 % de los casos. Esta concentración revela un enfoque sistemático para identificar y perseguir incumplimientos de accesibilidad, generando una exposición previsible para los exchanges que operan plataformas digitales.
Las consideraciones geográficas y jurisdiccionales agravan el riesgo regulatorio. Los tribunales federales muestran divisiones sobre la aplicabilidad de la ADA a negocios exclusivamente digitales, siendo el Distrito Norte de Illinois y el Séptimo Circuito especialmente favorables a los demandantes. Los exchanges con sede en estas jurisdicciones o que atienden clientes allí enfrentan una mayor probabilidad de acciones legales. El patrón de litigios indica que las barreras de accesibilidad funcionan como detonantes recurrentes de demandas a gran escala, especialmente donde las plataformas digitales carecen de implementaciones integrales de accesibilidad. Para los exchanges de criptomonedas que priorizan el cumplimiento y la preparación regulatoria, abordar los requisitos de accesibilidad digital constituye una estrategia esencial de mitigación de riesgos en el panorama normativo de 2025.
Construir una infraestructura de cumplimiento sólida requiere que los exchanges de criptomonedas implementen de forma sistemática marcos interconectados de KYC y AML. En la base, los exchanges deben designar un responsable de cumplimiento, encargado de supervisar el programa completo y de ser el enlace principal ante los reguladores. Más allá de este liderazgo, las organizaciones deben desarrollar políticas internas completas que definan procedimientos claros para la identificación de clientes, evaluación de riesgos y monitoreo de transacciones, en línea con las expectativas regulatorias.
La eficacia del programa de cumplimiento depende de realizar evaluaciones de riesgo exhaustivas que detecten vulnerabilidades en operaciones y relaciones con clientes. Estas evaluaciones guían el desarrollo de controles internos proporcionales al perfil de riesgo del exchange. Los procesos de diligencia debida deben evaluar sistemáticamente los factores de riesgo, permitiendo a los exchanges determinar niveles de vigilancia adecuados para distintos segmentos de clientes.
La transparencia en auditoría es un elemento crítico y a menudo subestimado en este marco de cumplimiento. Los exchanges deben recurrir a auditores externos cualificados para realizar auditorías periódicas, verificando que las políticas funcionen correctamente e identificando brechas operativas. Estas evaluaciones independientes reflejan compromiso regulatorio y aportan verificación objetiva sobre la madurez del cumplimiento. Cuando se ejecuta correctamente, este enfoque integrado (gobernanza competente, procedimientos documentados, evaluación rigurosa de riesgos, controles internos robustos y auditorías transparentes de terceros) crea una estructura de cumplimiento resistente que protege a los exchanges de sanciones regulatorias y daños reputacionales en un entorno cada vez más vigilado.
En 2025, EE. UU. aprobó la ley GENIUS para stablecoins, la UE implementó la regulación integral MiCA para activos cripto, Japón introdujo nuevos sistemas de intermediación, Hong Kong lanzó la primera ordenanza asiática sobre stablecoins y los EAU reforzaron la supervisión de infraestructuras DeFi y Web3.
Los principales riesgos de cumplimiento incluyen políticas de KYC y AML insuficientes, regulaciones transfronterizas inconsistentes, escasa transparencia en auditoría y acciones de organismos regulatorios como la SEC por operaciones no registradas.
Los exchanges emplean expertos en cumplimiento para navegar regulaciones conflictivas, implementando estrategias regionales. Establecen controles de cumplimiento localizados, mantienen políticas actualizadas alineadas con regulaciones cambiantes y segmentan operaciones por geografía para asegurar la adhesión a cada jurisdicción y minimizar riesgos legales.
Los exchanges deben implementar verificación rigurosa de identidad, monitoreo de transacciones y reportar actividades sospechosas. Las obligaciones clave incluyen diligencia reforzada para usuarios de alto riesgo, mantener registros detallados, sistemas de monitoreo en tiempo real y cumplir con los requisitos de la FATF Travel Rule para transferencias de fondos.
Los custodios de activos digitales deben contar con licencias. Las criptomonedas de clientes deben gestionarse por instituciones de custodia cualificadas. La SEC exige que la custodia de activos cripto se realice por instituciones elegibles con cumplimiento normativo.
Los exchanges de criptomonedas que incumplen normativas pueden enfrentar multas administrativas, revocación de licencias y procesos penales en casos graves. El incumplimiento puede implicar congelación de activos, cierre de operaciones y responsabilidad personal para ejecutivos. La evasión fiscal conlleva sanciones agravadas y posible prisión.











