La ola de incidentes de seguridad en las principales bolsas de criptomonedas de Corea del Sur ha llevado a los reguladores financieros a reconsiderar su enfoque respecto a las sanciones por comprometer plataformas. En los últimos dos años y medio, desde enero de 2023 hasta septiembre de 2025, se han registrado 20 incidentes importantes que afectaron a las principales plataformas del sector, incluyendo Upbit y Bithumb.
Nuevas propuestas de multas: del 10% de las pérdidas al 3% de los ingresos
El Servicio Financiero de Corea (FSC) está preparando una legislación más estricta para fortalecer los requisitos de ciberseguridad en las plataformas de comercio criptográfico. La propuesta principal contempla la imposición de multas de hasta el 10% de las sumas perdidas como resultado de un hackeo. Paralelamente, se está considerando una opción alternativa en la que la multa podría ser de hasta el 3% de los ingresos anuales de la bolsa hackeada.
Para Upbit, líder del mercado que perdió 36 millones de dólares en un hackeo en noviembre del año pasado, la primera opción implicaría una multa de 3,6 millones de dólares, mucho más que el límite actual de 456 000 dólares. El segundo escenario sería aún más severo: basándose en los ingresos anuales de Upbit, que ascienden a 1,2 mil millones de dólares, la multa podría llegar a 36 millones de dólares.
Brecha entre dos enfoques: ¿qué camino elegir?
Estas dos propuestas representan enfoques completamente diferentes para la regulación. La primera se centra en el tamaño de la pérdida específica, mientras que la segunda en la escala de las operaciones de la bolsa. Esta disparidad genera incertidumbre en el sector y podría conducir a conflictos en la decisión final.
Los reguladores buscan alinear los estándares de ciberseguridad de las bolsas de criptomonedas con los requisitos aplicados a las instituciones financieras tradicionales. Esto implica aumentar la responsabilidad en la protección de los activos de los clientes y adoptar políticas más estrictas para prevenir incidentes de seguridad.
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Corea del Sur refuerza las sanciones por hackeos a plataformas de criptomonedas: multas de hasta el 10% de las pérdidas
La ola de incidentes de seguridad en las principales bolsas de criptomonedas de Corea del Sur ha llevado a los reguladores financieros a reconsiderar su enfoque respecto a las sanciones por comprometer plataformas. En los últimos dos años y medio, desde enero de 2023 hasta septiembre de 2025, se han registrado 20 incidentes importantes que afectaron a las principales plataformas del sector, incluyendo Upbit y Bithumb.
Nuevas propuestas de multas: del 10% de las pérdidas al 3% de los ingresos
El Servicio Financiero de Corea (FSC) está preparando una legislación más estricta para fortalecer los requisitos de ciberseguridad en las plataformas de comercio criptográfico. La propuesta principal contempla la imposición de multas de hasta el 10% de las sumas perdidas como resultado de un hackeo. Paralelamente, se está considerando una opción alternativa en la que la multa podría ser de hasta el 3% de los ingresos anuales de la bolsa hackeada.
Para Upbit, líder del mercado que perdió 36 millones de dólares en un hackeo en noviembre del año pasado, la primera opción implicaría una multa de 3,6 millones de dólares, mucho más que el límite actual de 456 000 dólares. El segundo escenario sería aún más severo: basándose en los ingresos anuales de Upbit, que ascienden a 1,2 mil millones de dólares, la multa podría llegar a 36 millones de dólares.
Brecha entre dos enfoques: ¿qué camino elegir?
Estas dos propuestas representan enfoques completamente diferentes para la regulación. La primera se centra en el tamaño de la pérdida específica, mientras que la segunda en la escala de las operaciones de la bolsa. Esta disparidad genera incertidumbre en el sector y podría conducir a conflictos en la decisión final.
Los reguladores buscan alinear los estándares de ciberseguridad de las bolsas de criptomonedas con los requisitos aplicados a las instituciones financieras tradicionales. Esto implica aumentar la responsabilidad en la protección de los activos de los clientes y adoptar políticas más estrictas para prevenir incidentes de seguridad.