En ciertos mercados, las instituciones controlan hasta el 20% de los bienes raíces residenciales, una concentración sorprendente. Lo que es aún más importante es su ventaja estructural: beneficios fiscales que los compradores individuales simplemente no obtienen. Esta asimetría regulatoria crea un campo de juego desigual. Es una distorsión del mercado que merece ser analizada, especialmente cuando los responsables de la formulación de políticas reconocen la injusticia fundamental incorporada en el sistema.