La FSA de Japón lanza una consulta pública sobre las reglas de reserva de stablecoins, estableciendo nuevos estándares para garantías, emisión y protección de usuarios.
La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) ha iniciado una consulta pública sobre el borrador de reglas para los activos de reserva de stablecoins bajo la revisión de la ley de pagos de 2025. Este movimiento busca aclarar los requisitos para las stablecoins estructuradas en fideicomiso, asegurando al mismo tiempo la protección de los inversores. El propósito de la consulta es establecer cómo deben gestionarse los activos en el caso de stablecoins emitidas a nivel nacional y extranjero.
En el borrador de reglas, se detalla qué tipos de bonos pueden ser utilizados como garantía por las stablecoins vinculadas al yen. Los bonos extranjeros elegibles deben tener una calificación crediticia de 1 – 2 o superior.
Además, la cantidad de bonos emitidos por los emisores debe ser de al menos 100 billones de yenes, aproximadamente 648 mil millones de dólares. Estas medidas están destinadas a mitigar el riesgo de incumplimiento y a aumentar la confianza de los inversores en las stablecoins.
_Lectura relacionada: _****Noticias ETF: Japón está listo para aprobar los primeros ETFs de criptomonedas para 2028 | Live Bitcoin News
Las enmiendas establecidas en la ley de 2025 permitirían a los emisores de stablecoins mantener hasta el 50% de la emisión en activos de bajo riesgo. Estos son bonos gubernamentales a corto plazo y depósitos a plazo fijo. Solo los bancos con licencia, las compañías fiduciarias y los agentes de transferencia de dinero registrados siguen siendo emisores autorizados.
Las stablecoins extranjeras podrían venderse con licencias de intermediarios. Se requieren controles adicionales de cumplimiento para verificar el cumplimiento con las regulaciones nacionales y los estándares de protección de usuarios.
Además, todos los emisores de stablecoins deben mantener una custodia segregada de los activos de reserva, lo que garantiza el respaldo completo de algunos activos de reserva y una gestión segura de los activos.
Las reglas propuestas por la FSA buscan mejorar la liquidez y la rentabilidad para los emisores de stablecoins, al mismo tiempo que protegen a los usuarios. Al establecer los requisitos para los activos elegibles y los emisores, las directrices ofrecen marcos operativos más claros. Los emisores deben mantener una custodia separada en custodios autorizados, similar a las reglas de dinero electrónico.
La consulta de Japón refleja las tendencias globales en la regulación de stablecoins. Países de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, están considerando marcos similares para los activos digitales.
El enfoque de la FSA se centra en la innovación y en la reducción del riesgo. También garantiza que Japón no pierda su ventaja competitiva en la industria fintech, mientras protege el sistema financiero.
El período de consulta finaliza el 27 de febrero de 2026, lo que brinda a las partes interesadas, instituciones financieras y al público la oportunidad de expresar sus comentarios. La FSA anima a todos los participantes a revisar cuidadosamente los avisos preliminares y a enviar sus comentarios para perfeccionar las regulaciones finales.
En general, estas reformas bajo la Ley de Servicios de Pago de 2025 tienen como objetivo potenciar la infraestructura de pagos digitales de Japón. Combinando agilidad operativa con altos estándares de cumplimiento, la FSA promueve una adopción responsable de stablecoins.
Las medidas también garantizan la seguridad y transparencia de los activos de reserva, beneficiando tanto a usuarios nacionales como internacionales.
A medida que continúa creciendo el número de usuarios de stablecoins en todo el mundo, el enfoque proactivo de Japón podría convertirse en un modelo a seguir para otros reguladores. Se espera que una visión clara en términos de garantías, reservas y requisitos para los emisores fomente la participación institucional y reduzca el riesgo sistémico.
En última instancia, la consulta demuestra el compromiso del gobierno japonés de establecer un mercado seguro y bien regulado para los activos digitales.