Las autoridades rusas han iniciado una investigación penal contra Pavel Durov, fundador de Telegram, acusándolo de ayudar a actividades terroristas. Esta medida no solo vuelve a poner a la plataforma en medio de una tormenta regulatoria, sino que también resalta la línea cada vez más tensa entre la libertad de expresión y la seguridad nacional en la era digital.
(Resumen previo: Pavel Durov advierte: la libertad en internet está en peligro, la era de la vigilancia devora la libertad digital)
(Información adicional: Bloomberg: ¡Pavel Durov recupera su libertad! Francia levanta la prohibición de viajar, poniendo fin a 15 meses de restricciones de movimiento)
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Las autoridades rusas han iniciado una investigación penal contra Pavel Durov, fundador de Telegram, acusándolo de ayudar a actividades terroristas. Esta medida ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, la libertad de expresión y la seguridad nacional, además de aumentar la presión regulatoria sobre Telegram en Rusia y Europa.
Según fuentes de medios rusos citando a agencias de seguridad, las autoridades están investigando bajo el artículo 205.1, apartado 1.1 del Código Penal ruso, que trata sobre la ayuda a actividades terroristas. Los informes indican que el caso se centra en la supuesta difusión de información ilegal en Telegram y en el incumplimiento de las solicitudes de las autoridades de telecomunicaciones rusas para eliminar canales y chats considerados ilegales.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) y la agencia reguladora de comunicaciones Roskomnadzor (RKN) señalaron que algunos contenidos involucran extremismo y organizaciones terroristas, y afirmaron que la plataforma ha sido utilizada para organizar y facilitar actividades delictivas.
Desde el verano de 2025, RKN ha ido implementando restricciones en Telegram alegando un aumento en casos de fraude; en febrero de 2026, intensificaron las limitaciones, justificándolas por el incumplimiento de la ley rusa por parte de la plataforma.
En realidad, esta no es la primera vez que Telegram entra en conflicto con el gobierno ruso. En 2018, un tribunal de Moscú ordenó bloquear Telegram por negarse a proporcionar las claves de cifrado. Las autoridades argumentaron que esto representaba una amenaza a la seguridad nacional.
Sin embargo, en 2020, Rusia levantó el bloqueo, alegando que la plataforma había fortalecido sus mecanismos antiterrorismo. A lo largo de los años, la relación entre Telegram y las autoridades regulatorias rusas ha oscilado entre confrontaciones y negociaciones.
Frente a la investigación actual, Durov ha declarado públicamente que los valores fundamentales de Telegram son la libertad de expresión y la protección de la privacidad, y que busca un equilibrio entre privacidad y seguridad.
Es importante destacar que Durov ha enfrentado desafíos regulatorios en varios países en los últimos años. En 2024, fue detenido en Francia por una investigación relacionada con delitos en línea, y el caso aún está en fase preliminar.
Además, la Unión Europea ha impulsado en años recientes una ley conocida como “Chat Control”, que propone que las plataformas de comunicación utilicen inteligencia artificial para escanear mensajes privados, lo que ha generado intensos debates sobre la invasión a la privacidad. La postura de los países respecto a las comunicaciones cifradas se ha vuelto más cautelosa, haciendo de Telegram uno de los focos principales de regulación.
Analistas señalan que la investigación en Rusia contra Durov refleja no solo un caso penal aislado, sino también la competencia global por el control de la gobernanza de las plataformas digitales. Cuando la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y la privacidad de los usuarios entran en conflicto, las empresas tecnológicas suelen encontrarse en el centro de la tormenta.
En conjunto, la investigación en Rusia contra Pavel Durov simboliza un fortalecimiento en la capacidad del Estado para controlar el espacio digital. Para Telegram, encontrar un equilibrio entre proteger la privacidad de los usuarios, cumplir con las regulaciones y evitar ser utilizado como herramienta delictiva será un desafío clave en el futuro.
El desarrollo de este caso no solo afectará el destino de Durov y Telegram, sino que también redefinirá los límites entre la libertad digital y la seguridad a nivel global.