El número de denuncias por daños causados por actividades financieras privadas ilegales superó las 17,000 en el año pasado, alcanzando el récord más alto en 13 años. Se considera que esto se debe a la combinación del fortalecimiento de las restricciones de préstamos por parte del gobierno y la desaceleración de la economía interna, lo que llevó a muchas personas a depender de actividades financieras privadas ilegales.
Según datos obtenidos por el diputado Lee In-ryong, del Partido Democrático Unido, del Comité de Asuntos Gubernamentales del Congreso, el total de denuncias por daños relacionados con actividades financieras privadas ilegales en el año pasado fue de 17,538. Este es el valor más alto desde la creación del centro de denuncias en 2012, acercándose a las 18,237 del entonces. En cuanto a los tipos específicos, la mayor cantidad de denuncias fue contra empresas de préstamos no registradas, con 9,293 casos, seguidas por cobros de deudas, altas tasas de interés y publicidad ilegal.
Se señala que el aumento en las denuncias contra empresas de préstamos no registradas se debe principalmente a la expansión de canales no cara a cara, como las redes sociales, lo que facilita la entrada de operadores ilegales en el mercado. Además, algunos expertos sugieren que las restricciones de préstamos del gobierno y las políticas para frenar el sobrecalentamiento del mercado inmobiliario han dificultado que las personas con crédito medio o bajo obtengan préstamos a través del sistema financiero formal, lo que puede haber llevado a una mayor demanda de actividades financieras privadas ilegales.
El director del Instituto de Finanzas Populares, Ahn Yong-seop, diagnosticó que la combinación de restricciones de préstamos y la desaceleración económica ha deteriorado las condiciones de ingreso, mientras que el apoyo financiero dirigido a las personas comunes también se está reduciendo, lo que ha provocado esta situación. La Comisión Financiera también ha mencionado que, en la gestión de la deuda familiar, se ha considerado la posibilidad de que las personas con crédito medio o bajo puedan ser empujadas hacia actividades financieras privadas ilegales.
Para reducir los daños causados por actividades financieras privadas ilegales, el gobierno está construyendo a nivel nacional un “sistema integral y especializado de apoyo en un solo lugar” para brindar asistencia estrecha, y planea implementar diversas medidas preventivas, como ampliar la oferta de servicios financieros para las personas comunes. Los expertos enfatizan la necesidad de ampliar los préstamos de tasa media a través de bancos de ahorro o compañías de tarjetas de crédito con tasas relativamente altas, y de desarrollar planes complementarios dentro del marco de control de volumen.
Esta tendencia indica que, en el futuro, será necesario adoptar diversas políticas para mejorar el entorno financiero para las personas comunes y reducir los daños por actividades financieras privadas ilegales.