Meta Platforms se enfrenta a un nuevo escrutinio por su posición dominante en el mercado y su estrategia de adquisiciones, mientras los reguladores en Estados Unidos y Sudáfrica impugnan lo que los críticos llaman un enfoque de “compra o entierro” para afrontar amenazas competitivas. En 2020, la Comisión Federal de Comercio (FTC) presentó una demanda antimonopolio contra Facebook (ahora Meta), junto con 46 estados, alegando que las compras de la empresa de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014—que la FTC había aprobado previamente—permitieron a Meta acumular poder monopolístico en el sector de los medios sociales. Mientras tanto, la Comisión de Competencia de Sudáfrica ha seguido un caso paralelo que involucra a GovChat, una plataforma cívico-tecnológica que Meta supuestamente suprimió mediante los Términos de Servicio para Empresas de WhatsApp. La disputa pone de relieve preocupaciones más amplias sobre el impacto de las redes sociales en la sociedad, en particular en los jóvenes, y plantea preguntas sobre si las plataformas dominantes utilizan la complejidad procedimental para superar y agotar a competidores más pequeños.
Estrategia de adquisiciones de Meta y desafío legal de la FTC
De acuerdo con Daryl Dingley, socio de Webber Wentzel, Meta parece aprovechar habitualmente su posición dominante ya sea comprando competidores o debilitándolos limitando el acceso al ecosistema. “Es una estrategia a la que se refiere como ‘buy or bury’, y el propio CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo en un correo electrónico de 2008 que ‘es mejor comprar que competir’”, afirma Dingley.
La demanda de la FTC hizo que el tribunal inicialmente se pusiera del lado de Meta en diciembre de 2025. La FTC apeló la decisión en enero de 2026 por fundamentos esencialmente los mismos. La previsión de Meta para litigios y daños es evidentemente superior a 6 mil millones de euros. En marzo de 2026, un jurado estadounidense halló a Meta y Google negligentes por diseñar plataformas de redes sociales que son perjudiciales para los jóvenes.
GovChat: Una historia de éxito cívico-tecnológico
La historia de GovChat comenzó en 2016 como un claro éxito cívico-tecnológico sudafricano. Designada como la plataforma oficial de participación ciudadano-gobierno bajo el Departamento de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales (CoGTA), permitía a los ciudadanos reportar interrupciones del servicio como cortes de agua y evaluar el desempeño de los municipios.
Según Tandi Haslam, ex directora financiera de GovChat, el impacto de la plataforma se expandió de forma dramática durante la pandemia de COVID-19. “Durante la pandemia de COVID-19, el uso se disparó. La plataforma ayudó a millones con ubicaciones de puntos de prueba, información sobre la pandemia y procesos de subvención de SASSA, alcanzando su pico con más de 12 millones de mensajes por día a través de WhatsApp”, explica Haslam. “Su potente modelo de innovación agregó datos anónimos de ciudadanos para brindar al gobierno una visión integral y en tiempo real en áreas que tradicionalmente estaban compartimentadas en departamentos separados, fomentando coordinación, capacidad de respuesta y rendición de cuentas con aplicación potencial a escala global”.
WhatsApp era la opción lógica para un canal de comunicación, con hasta el 96% de los usuarios activos de Internet en Sudáfrica usándolo al menos mensualmente en 2020.
El “offboarding” y la batalla legal
En julio de 2020, Meta emitió avisos alegando que GovChat no cumplía con los Términos de Servicio para Empresas de WhatsApp. El “offboarding” siguió en noviembre de 2020 a pesar de los esfuerzos de remediación de GovChat. La empresa sudafricana acudió al Tribunal de Competencia en el mismo mes.
Se informó que la agregación de datos de GovChat para ofrecer información sobre servicios públicos a través de distintos departamentos violó los límites de Meta sobre manejo de datos y estructuras multi-cliente. Una orden de interdicción dictada por el Tribunal de Competencia en marzo de 2021 ofreció protección temporal, pero la incertidumbre prolongada dejó cualquier intento adicional de recaudación de fondos de GovChat en el vacío, y tanto la empresa como su herramienta innovadora entraron en un proceso de rescate empresarial.
Un recorrido legal de cinco años
“Hasta ahora, el recorrido legal de GovChat, perseguido con insistencia por la Comisión de Competencia y la propia startup, ha durado más de cinco años, con crecientes costos legales y sin un final definitivo a la vista”, explica Daryl Dingley.
“La estrategia de Meta desde noviembre de 2020 es muy familiar para los sudafricanos: un enfoque ‘Stalingrad’ que aprovecha la complejidad procedimental, el debido proceso y la dilación para inducir una tensión financiera y operativa significativa en quienes la desafían.”
Las apuestas más amplias
Irónicamente, mientras Meta alega perjuicio en cómo GovChat interactuó con WhatsApp, la empresa estadounidense usa WhatsApp exactamente de la misma manera: aprovecha los datos de los usuarios de WhatsApp para informar recomendaciones de contenido y publicidad cuando los mismos usuarios interactúan con Instagram o Facebook. Como señala Tandi Haslam, es un sistema cerrado, con Meta como jugador y árbitro en un juego diseñado para perpetuar su dominio.
“Las apuestas van mucho más allá de una sola startup. Sudáfrica renunció a un canal probado para una gobernanza responsable y para una entrega de servicios receptiva. La innovación se resiente cuando una infraestructura crítica enfrenta retiros arbitrarios en medio de disputas prolongadas, y las firmas más pequeñas con recursos limitados soportan cargas desproporcionadas, todo mientras Meta afianza su poder”, dice Haslam.
“La Comisión de Competencia merece un reconocimiento por su compromiso inquebrantable con el interés público a pesar de asimetrías claras en recursos y poder. Tanto ella como la persistencia de GovChat demuestran que las instituciones sudafricanas y los actores privados no cederán fácilmente ante el monopolio, la escala o el retraso, especialmente por parte de empresas extranjeras cuya conducta es depredadora.”
